Ibiza frena las licencias de nuevas discotecas y blinda a los grandes clubs, mientras la fiesta ilegal gana terreno en la isla.

¿Cuántas discotecas necesita una isla? ¿Cuántas puede soportar Ibiza?. Parece que la pregunta tiene una respuesta desde hace mucho tiempo.

El Consell d’Eivissa ha confirmado que el futuro Plan de Intervención en Ámbitos Turísticos (PIAT), todavía en fase de redacción, incluirá una prohibición de conceder nuevas licencias a discotecas y salas de fiesta. No es una idea nuevo ni un globo sonda: es una medida ya consensuada con la patronal del sector, que se cerrará formalmente este verano en las mesas de trabajo que redactan el plan. Cuando eso ocurra, la isla que ha definido el clubbing mundial durante décadas dejará de crecer. Al menos sobre el papel. Pero vamos a ver qué implica todo esto. Lo que no han contado los medios que han publicado la noticia semanas atrás.

El techo que nadie quería poner

La propuesta no toca ni un solo local de los que ya existen. Pacha, Amnesia, Hï Ibiza, UNVRS, Ushuaïa y DC10 seguirán operando exactamente igual. Lo que cambia es lo que viene después: a partir de ahora, ningún inversor podrá abrir una discoteca o un beach club desde cero.

La única vía de entrada al negocio del ocio nocturno en Ibiza será comprar una licencia que ya exista.

La patronal, representada por Ocio de Ibiza, no solo respalda la medida: lleva pidiéndola desde 2015. Su portavoz, José Luis Benítez, la ha definido como una decisión «valiente y positiva» que llega, según sus propias palabras, «diez años tarde». La propuesta de moratoria que hizo entonces recibió críticas y no prosperó. Ahora, dice Benítez, ese aplazamiento explica buena parte de los problemas actuales de la isla. Tan convencido está del criterio que pide extenderlo también a restauración y bares musicales, aunque eso, de momento, no forma parte de lo pactado.

Casi todos los ayuntamientos de la isla, salvo Sant Josep, ya habían prohibido por su cuenta nuevas salas de fiesta en sus normativas municipales. El PIAT viene a formalizar a nivel insular algo que ya estaba en marcha. Y lo hace con más de una década de retraso — la redacción del plan debía haber empezado en 2012.

Los gigantes ya han ganado

Aquí está la parte que el anuncio no subraya, pero que es la que de verdad va a marcar los próximos años de la escena ibicenca.

Congelar la oferta no es neutral. Beneficia, y mucho, a quien ya está dentro. Los grandes grupos que operan varios clubes en la isla consolidan su posición sin que nadie pueda plantarles competencia nueva. Y las licencias existentes, de golpe, valen más: se convierten en un activo escaso en un mercado que ya no puede fabricar más oferta. Quien quiera entrar en el negocio del clubbing en Ibiza a partir de ahora tendrá que pagar la entrada a alguien que ya está sentado a la mesa.

Es la paradoja de toda medida que «encapsula» un sector: protege lo existente encareciendo lo nuevo. Los pequeños operadores, los proyectos independientes, las propuestas que no nacen con el respaldo de un gran grupo, pierden la puerta de entrada que sí tuvieron Pacha o Amnesia en su momento. La isla que en los años setenta y ochenta se llenó de clubes nacidos de la nada ahora blinda a los que sobrevivieron a esa época y cierra la puerta a que se repita la historia.

La fiesta se ha ido a otra parte

Mientras se discutía la congelación de licencias, las autoridades de la isla intensificaban la persecución de fiestas ilegales en suelo rústico protegido. El episodio más reciente ocurrió en la zona de Buscastell, donde se desmanteló una macrofiesta que llegó a reunir a más de mil personas con una infraestructura propia de un festival: escenarios, generadores, sonido a gran escala.

La fiesta ilegal en Ibiza no para de crecer al mismo tiempo que la oferta legal se cierra en canal.

Los clubes históricos de la isla llevan años subiendo el nivel de exclusividad: entradas más caras, reservados más caros, un público cada vez más orientado al lujo y al postureo VIP. Ibiza se ha convertido en dos islas distintas dentro de la misma isla — la del clubbing de toda la vida y la del turismo de alto standing que llena las mesas de las discotecas más grandes — y entre las dos hay cada vez menos sitio para el que solo quiere bailar sin pagar un dineral por hacerlo.

Cuando la economía expulsa a una parte del público de la pista de baile oficial, esa gente no deja de querer fiesta. Simplemente la monta por su cuenta, en una finca, sin control ni licencia.

Frente a ese fenómeno, la primera respuesta institucional ha sido limitar todavía más la oferta legal. Puede que la lógica administrativa tenga sentido sobre el papel — menos locales, menos presión, menos saturación —, pero el efecto práctico corre el riesgo de ser el contrario: menos alternativas legales y accesibles, más incentivos para montar la fiesta en cualquier otro sitio.