El festival Mad Cool se enfrenta a la Justicia por el ruido: la Fiscalía pide cárcel
La Fiscalía pide dos años de cárcel al organizador del Mad Cool por el exceso de ruido que afectó a vecinos de Getafe y Villaverde.
El Mad Cool, uno de los festivales más grandes de Madrid, afronta ahora un proceso judicial inédito. La Fiscalía pide dos años de cárcel para su director y fuertes sanciones económicas por el ruido que, según los informes, se generó durante su edición de 2023 en el recinto Iberdrola Music.
La música en el punto de mira
La noticia ha sacudido tanto al sector de la música como a los seguidores del festival. Javier Arnáiz, director del Mad Cool, y la empresa promotora se sentarán en el banquillo acusados de un delito contra el medioambiente. El Ministerio Público considera que el evento superó de manera reiterada los límites de ruido establecidos, afectando al descanso y la salud de los vecinos de Getafe y del distrito madrileño de Villaverde.
El fiscal solicita no solo dos años de cárcel para el organizador, sino también multas que ascienden a más de 70.000 euros, indemnizaciones de 6.000 euros a varios afectados y la inhabilitación de la empresa para recibir subvenciones públicas o contratar con la administración durante los próximos dos años.
El Mad Cool nació en 2016 en Valdebebas y se convirtió rápidamente como uno de los grandes encuentros europeos de música alternativa y electrónica. Su salto en 2023 al recinto Iberdrola Music, en Villaverde, marcó una nueva etapa. Tres jornadas de conciertos en julio llevaron a la ciudad a artistas internacionales como Liam Gallagher, The Prodigy, Robbie Williams o los Red Hot Chili Peppers.
Sin embargo, la cercanía del nuevo recinto a zonas residenciales derivó en un conflicto inmediato. Vecinos de Getafe y Villaverde denunciaron desde el primer día el nivel de ruido y las dificultades de movilidad. Durante las noches del festival, dormir resultó casi imposible en algunas viviendas cercanas.
Mad Cool enfrenta críticas por el ruido y las medidas incumplidas
La organización contaba con autorización para superar los límites habituales de ruido, pero bajo condiciones estrictas: no sobrepasar los 100 decibelios junto a los escenarios ni los 65 en las fachadas de las viviendas más próximas.
Los informes de la Policía Municipal de Madrid y la Policía Local de Getafe reflejaron, sin embargo, valores muy superiores. Una de las mediciones llegó a registrar 81 decibelios a medianoche en un edificio residencial de Getafe. El Ayuntamiento de Madrid sancionó ya entonces a la promotora con una multa de 22.001 euros, reducida a 13.200 por pago voluntario.
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La Fiscalía sostiene que, pese a las advertencias, la dirección del festival priorizó los intereses comerciales frente al cumplimiento de las normas acústicas.
La plataforma Stop Mad Cool Villaverde, que lleva años denunciando las molestias generadas por este tipo de eventos, se ha personado en el procedimiento. Reclama hasta tres años de cárcel para el empresario. Desde el consistorio de Getafe también se ha exigido al Ayuntamiento de Madrid que no se concedan nuevas licencias a festivales de gran formato en la zona hasta que se garantice el respeto a la normativa de ruido y movilidad.
El delegado del Gobierno en Madrid, Francisco Martín, ha señalado además que el recinto Iberdrola Music “no reúne las condiciones” para acoger espectáculos de este tamaño sin generar graves molestias a los vecinos.
Un caso con repercusión más allá de la música
Este proceso judicial contra Mad Cool se suma a un debate creciente en Madrid sobre la distribución de los grandes conciertos. Los recintos habituales, como el estadio Santiago Bernabéu o la Caja Mágica, también han estado en el punto de mira por denuncias relacionadas con el ruido.
La Comunidad de Madrid, que en 2023 llegó a patrocinar el festival con más de un millón de euros, estudia ahora cambios legales para compatibilizar el ocio cultural con la convivencia vecinal. La llegada de la Fórmula 1 a la ciudad ha reforzado la necesidad de revisar este marco regulatorio.
El Mad Cool, convertido en pocos años en referente internacional, atraviesa ahora uno de sus momentos más delicados. La resolución judicial marcará el futuro inmediato del festival y también el debate sobre cómo se organizan los grandes eventos culturales en Madrid.
